Amenazan con querella a fiscalía por caso “tragamonedas”
Agosto 13, 2009 por El Insular
La tarde del martes, se devolvió a sus dueños las famosas máquinas “tragamonedas”, que incautó la PDI castreña hace dos años y medio. Sus propietarios fueron absueltos de las imputaciones y anunciaron una contrademanda contra el Ministerio Público.
De acuerdo a la información policial, en aquel entonces al menos 60 de estas máquinas destinadas a la diversión de los apostadores, fueron sacadas de circulación por orden del juzgado de garantía, a través de una disposición del fiscal del Ministerio Público, Jaime Sáez. La incautación se hizo en cinco locales de la ciudad, pues transgredían presuntamente el artículo 276 del Código Penal, sobre lotería y casa de juegos.
El abogado defensor de los propietarios, Héctor Mella, del Estudio Jurídico Lex Limitada de Santiago, explicó que en su momento sus cinco representados fueron imputados por este supuesto delito, quedando todo al amparo de la justicia, que determinó que los tragamonedas fueran incautados y trasladados a la bodega municipal para su resguardo.
ABSOLUCION DE IMPUTADOS
“Tomamos la defensa de los empresarios ya hace mas de dos años aquí en la zona, manteniendo que lo realizado con estas maquinarias era un acto lícito y legal, completamente dentro de un marco normativo. Pero el fiscal de ese entonces, Jaime Sáez, determinó que transgredía la legalidad, procediendo a la incautación de las máquinas. Desde el principio dijimos que no se ajustaba a derecho, sostuvimos y agregamos que estos tragamonedas eran de destreza”, sostuvo el jurista.
Después de dos años y medio de juicio todo quedó en nada. “Comprobamos que las máquinas no transgredían la ley y con un contundente fallo, se resolvió la absolución de los imputados y la entrega inmediata de las maquinarias”, aseveró Mella.
“PARA LEÑA”
El profesional replicó acerca de los daños que causó esta resolución y manifestó que interpondrá, junto a los empresarios, una demanda por la vía civil en contra de los responsables de estos hechos, ocurridos hace ya más de dos años y medio.
“Luego de conversar con mis defendidos en una reunión, se decidió presentar una demanda por la vía civil, más indemnización de perjuicios, para resarcir el daño causado. A simple vista, estas máquinas están deterioradas y no sirven para nada, malamente pueden usarse para leña. Dentro de lo mismo, el Ministerio incumplió su labor de garante con respecto a la cadena de custodia de éstas, donde la responsable es sólo la fiscalía local de Castro y, por supuesto, el profesional a cargo de la persecución penal, Jaime Sáez”, añadió el abogado.
Agrega que “ha sido demostrado que los empresarios siempre fueron inocentes, son inocentes y serán inocentes, pero aquí hay un responsable, porque el daño económico es millonario”.
“FUE MUY DOLOROSO”
Mientras se entregaban los tragamonedas, los empresarios observaban cómo su inversión había sufrido fuertes deterioros en su interior y exterior, además de que algunas fueron consideradas “completamente destruidas e inservibles”.
Rodrigo Venegas, empresario de Puerto Montt y uno de los afectados, habló con El Insular, manifestando el dolor de ver su inversión prácticamente inutilizable. “Después de dos años y medio me entregan mis máquinas, que fueron 15 en total; en el minuto cuando me las incautaron fue muy doloroso, porque recién estaba partiendo en este rubro. El perjuicio que me causó este hecho fue enorme, por eso estamos iniciando acciones legales. Ahora estamos más tranquilos, porque vemos que mis máquinas están acá, pero realmente en muy malas condiciones”.
Los demás empresarios también dijeron que están muy afectados al encontrar sus tragamonedas en esas condiciones. Buscarán, afirmaron, que una indemnización subsane lo ocurrido.
Así, los cinco propietarios que resultaron incautados en sus dispositivos fueron Pablo de la Paz (7 máquinas); Gastón Cárcamo (6); Andrés Fica Jara (3); Rodrigo Venegas (15) y Sebastián Urrutia, con 26 máquinas.
Cabe destacar que la devolución de estos tragamonedas se materializó bajo la atenta supervisión de los afectados y su abogado, además de un representante del Ministerio Público y un representante de la Policía de Investigaciones de Castro.
