Fuego cruzado entre gremios por polémica Ley de Pesca
Julio 2, 2009 por El Insular
La resolución del Servicio Nacional de Pesca, SERNAPESCA, publicada en el Diario Oficial el pasado 26 de junio, que autoriza la habilitación concesionada de los llamados barrios salmoneros en las regiones de los Lagos y Aysén, ha generado diversas reacciones de reprobación en el mundo organizacional laboral. Las acusaciones de aquellos segmentos sociales chilotes han alcanzado no sólo al Gobierno y a los empresarios, sino que también a los propios directivos de la CUT y la CONATRASAL.
Si bien el polémico proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura aún está en trámite legislativo en el Congreso Nacional, el SERNAPESCA podrá canalizar las medidas de coordinación de las concesiones en un total de 35 barrios de centros de cultivos salmoneros en ambas regiones, donde durante los últimos veinte años se ha explotado la lucrativa industria salmonídea.
CONTROL DEL ISA
Se ha establecido que el conjunto de medidas serán aplicadas en el grupo de las treinta y cinco agrupaciones de concesiones establecidas por el Servicio Nacional de Pesca desde principios de este año, donde figuran características específicas que justifican un manejo coordinado. La resolución dice representar un “considerable avance hacia un enfoque preventivo y pro activo del control del virus ISA, así como otras enfermedades”. La resolución establece una serie de condiciones asociadas a la siembra de ejemplares en el período de crecimiento, al que se agregan las tiempos de descanso con una duración de tres meses, basándose en el Programa Específico de Vigilancia y Control de ISA, que impulsa el Sernapesca.
RECHAZO
El avance del controvertido proyecto de ley de pesca que se discute en el Parlamento ha hecho aparecer diversas voces que se oponen a lo que califican como la privatización de las aguas nacionales mediante la creación de los barrios salmoneros. Cerca de veinte organizaciones no gubernamentales y sindicales cerraron filas en torno a una sola opinión, una vez que en el mes de mayo participaron del Encuentro Regional de Trabajadores. La asamblea fue la instancia que abrió los fuegos en contra del Gobierno, acusándolos de privatizar las aguas territoriales para beneficio del mundo industrial de la salmonicultura. A través de una declaración pública, los representantes de las organizaciones denunciaron el accionar que han tenido supuestamente líderes sindicales chilotes, al momento de avalar cada una de las acciones que encaminan el cuestionado proyecto legal. En el punto 3 del citado documento se consigna: “denunciamos, de la manera más enérgica, a los Pseudo Dirigentes Sindicales que firman acuerdos con la Patronal y sus empleados del Gobierno a espaldas de los trabajadores, arrogándose una representatividad que no tienen y excluyendo a las bases del más mínimo derecho de participación”.
El presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria del Salmón, Gustavo Cortez, es uno de los firmantes del oficio, quien ratificó su postura lanzando sus dardos en contra de su par de la CONATRASAL. Cortés dijo que “ellos están en el fondo respaldando este proyecto, sin pensar en los trabajadores; creo que Javier Ugarte debería pensar un poquito en la gente que está detrás de él, es un dirigente sindical y se debe gracias a los trabajadores”.
UGARTE: “SON INFUNDADAS”
Desde la ciudad de Puerto Montt, el aludido presidente de la CONATRASAL Javier Ugarte, conocedor del contenido de las aseveraciones, salió al paso defendiendo su gestión que ha realizado en coordinación con el director del Observatorio Laboral y Medioambiental, OLACH, Alejandro Salinas. Bajo este tenor, rechazó de plano las acusaciones expresadas por los representantes de las distintas entidades de trabajadores de la isla. “Son declaraciones infundadas; ellos durante mucho tiempo están fuera del sistema de trabajo que nosotros hemos venido haciendo como Confederación de Trabajadores; la gestión que hemos hecho ha sido transparente y pública”, declaró.
A continuación, el presidente de los trabajadores salmoneros arremetió señalando que “esa es mi pregunta a ellos, si realmente ellos le consultaron a sus bases para sacar este tipo de declaraciones, descalificando a diferentes organizaciones agrupadas en la confederación. Nosotros hacemos un trabajo serio”, concluyó.
Cabe señalar que la carta en contra de los dirigentes está firmada por 19 representantes de diversas entidades sindicales, gremiales y vecinales.
